La Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA), que agrupa a 25 empresas operadoras titulares de más de 100 salones de juego y máquinas recreativas en las tres provincias aragonesas, celebraba el pasado viernes 19 de mayo su Asamblea General Ordinaria en la sede de CEPYME ARAGÓN. La sesión, cuya apertura corría a cargo de la presidenta de esta organización empresarial, María Jesús Lorente, servía para elegir a la nueva Junta Directiva de la Asociación, que es muy similar a la anterior.
La elección fue por unanimidad, como unánime fue también la felicitación a la Junta Directiva por su labor durante los tres últimos años, que no han sido nada fáciles en un contexto de cambios legislativos y fuertes ataques al sector.
Así, la presidencia la seguirá ostentando la empresa DIOPER 2.000 (José Antonio Rubio será por tanto el presidente de AESA) y la vicepresidencia será como hasta ahora para JETNASA, representada por Jesús Tremosa. Las vocalías corresponderán a los representantes de las empresas MARATRON, LANCRY, OPER ORTIZ, RECREATIVOS LARRIBA, BARRIO SANTANA, GLOBAL GAME MACHINE, CORPORATION Y LUCKYA, continuando el abogado Víctor Palacios al frente de la secretaría técnica y asesoría jurídica.
La sesión puso sobre la mesa asuntos del máximo interés, como la más que necesaria concreción de los términos en los que va a aplicarse la densa y recientemente aprobada Ley de Juego de Aragón o el incremento de la inseguridad que ya se vive en los salones precisamente por la limitación de medios de pago distintos al efectivo contemplada en este texto legal. Una situación que el propio sector ya advirtió y que ya ha puesto en conocimiento de los responsables policiales de la comunidad autónoma a fin de buscar soluciones que protejan tanto a los trabajadores como a los clientes.
La Asamblea servía asimismo para repasar las últimas actividades desarrolladas y las previstas para los próximos meses, que pasan por ejemplo por la formación de los empleados, el fomento del juego responsable y la comunicación, para dar a conocer sin complejos y con transparencia una actividad empresarial tan lícita como cualquier otra que emplea a muchos miles de personas en todo el país y que contribuye notablemente al sostenimiento de las arcas públicas.
